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Artículos derecho laboral

El Tribunal Supremo unifica doctrina: un inmigrante en paro no pierde la prestación al estar hasta 90 días fuera de España

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El Alto Tribunal establece que la prestación por desempleo de un extranjero residente en España en el ámbito de la Seguridad Social puede quedar “suspendida” en el periodo de ausencia del país por parte del beneficiario hasta un máximo de 90 días. El cobro del paro se reanuda en el momento de reintegrarse al territorio español.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el recurso de casación para la unificación de doctrina número 4325/2011 en la que establece que los extranjeros beneficiarios de prestaciones por desempleo de la Seguridad Social pueden viajar fuera de España hasta 90 días sin perder el derecho a cobrar el paro.

El Supremo fija el plazo de ausencia en 90 días, porque es el que corresponde al periodo marcado en la legislación de extranjería para determinar el paso de la estancia a la residencia temporal.

En la resolución, dictada el 18 de octubre 2012, el Alto Tribunal resuelve en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que falló a favor del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contra una mujer de nacionalidad ucraniana. El SEPE había reclamado la devolución de 15.368 euros cobrados por esta mujer tras haberse ausentado de España durante 21 días sin previo aviso debido a la angina de pecho que padecía su suegro en Ucrania.

La sentencia ha tenido como ponente al magistrado Antonio Martín Valverde.

En su resolución, el Supremo delimita el concepto de “traslado de residencia” a los efectos del artículo 213 g) de la Ley General de Seguridad Social; aborda el alcance de las obligaciones de comunicación y documentación a cargo de los beneficiarios; el período de libranza del artículo 6.3 RD 625/1985 (redacción RD 200/2006), así como el cuadro de situaciones de prestación “mantenida”, prestación “extinguida” y prestación “suspendida”.

La Sala de lo Social ya había resuelto dos asuntos sobre esta normativa que considera compleja. En concreto, mediante las sentencias de 22 de noviembre de 2011 (rcud 4065/2010) y de 17 de enero de 2012 (rcud 2446/2011). El Supremo distingue en esos casos entre prestación mantenida, suspendida y extinguida.

El Alto Tribunal establece que la aplicación de la doctrina general conduce a la conclusión de que el caso de esta mujer corresponde a un supuesto de prestación “suspendida” y no de prestación “extinguida”, como pretende la entidad gestora y ha resuelto la sentencia recurrida.

El Supremo falla en el sentido de que la prestación “suspendida” durante la ausencia de España se reanuda en el momento de reintegrarse el beneficiario al territorio español.

Además, fija el plazo de ausencia en otro país en los 90 días: es el plazo que corresponde al periodo marcado en la legislación de extranjería para determinar el paso de la estancia a la residencia temporal.

La sentencia ha contado con el voto particular de la magistrada Milagros Calvo Ibarlucea. La magistrada expone su desacuerdo con el hecho de que se amplíe de 15 a 90 días el periodo de estancia en el extranjero sin perder el derecho a la prestación por desempleo.

Calvo Ibarlucea entiende que esa extensión temporal es fuente de discriminación respecto a los beneficiarios españoles que no disponen de una "infraestructura familiar y económica" en otro país que les permita sustraerse de la obligación que tienen de estar presentes en el mercado de trabajo español.

Enlace a la sentencia STS 7817/2012 cuyo ponente ha sido el magistrado Antonio Martín Valverde, así como el voto particular de la magistrada Milagros Calvo. Recurso de casación para la unificación de doctrina número 4325/2011.

Nota: Este resumen ha sido elaborado por Comunicación del Poder Judicial a los efectos informativos y carece de vinculación legal con la sentencia.

 

Cambio de doctrina respecto a los salarios de tramitación en los despidos de trabajadores en situación de excedencia

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La declaración judicial de improcedencia del despido de un trabajador en situación de excedencia voluntaria por negativa empresarial al reingreso conlleva el abono de salarios de tramitación desde la fecha en que se fije como la del despido y en aplicación de las normas generales sobre nulidad o improcedencia del despido. Aunque es cierto que durante el periodo durante el que el trabajador permanece en situación de excedencia voluntaria no tiene derecho a salarios, cuando la empresa incumple con la obligación de readmisión, desde esa fecha la situación del trabajador es análoga a la del trabajador injustamente despedido a partir de la fecha del despido, con obligación indemnizatoria de perjuicios en ambos casos. MODIFICACIÓN DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia dictada por el TSJ Las Palmas, confirmándola en el concreto extremo cuestionado, en cuanto a la condena a la empresa al abono de los salarios desde la fecha del despido conforme con los siguientes fundamentes de derecho:

PRIMERO.- 1.-La cuestión debatida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, se centra en determinar si la declaración judicial de improcedencia del despido de un trabajador en situación de excedencia voluntaria por negativa, expresa o tácita, empresarial al reingreso, conlleva o no el abono de salarios de tramitación desde la fecha en que se fije como la del despido y en aplicación de las normas generales sobre nulidad o improcedencia del despido.

2.-La sentencia recurrida (STSJ/Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, 27-septiembre-2010 -rollo 357/2010), -- revocando la sentencia de instancia impugnada que había apreciado la excepción de inadecuación del procedimiento de despido (SJS/Las Palmas nº 6, 2-febrero-2010 -autos 1114/2009) --, entrado en el fondo del asunto califica la negativa expresa de la empresa demandada a reincorporar a su plantilla a la trabajadora una vez finalizada la situación de excedencia voluntaria en la que se encontraba como despido improcedente con las consecuencias a ello inherentes, condenando a la empleadora " a que, en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, opte por readmitirla o le abone una indemnización de 3.400,8 € y, en cualquier caso, el importe de los salarios desde la fecha del despido hasta el día de hoy, a razón de 34,88 € diarios ". Se argumenta que " si el empresario se niega a la reincorporación en forma tal que, por las circunstancias en que se produce, manifiesta no el mero rechazo del derecho a la reincorporación sino la voluntad inequívoca (aunque se produzca tácitamente) de tener por extinguido el vínculo laboral, esta actitud equivale a un despido, debiendo el trabajador formular demanda por despido en el plazo de caducidad de veinte días hábiles (sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1996 y 21 de diciembre de 2000 ) ", que, en el caso enjuiciado, " El tenor literal de la contestación escrita que la empresa ... da a la petición de reingreso cursada por la actora, que recordemos es 'Lamentamos informarle que no aceptamos su reincorporación a la empresa' ..., sin hacer referencia a la causa de dicha negativa (ni la inexistencia de vacantes en ese momento ni ninguna otra), deja lugar a pocas dudas y refleja claramente una voluntad extintiva del vínculo laboral equiparable al despido " y que " En conclusión, esta Sala considera que con su actitud la empresa demandada ha manifestado de manera expresa la negativa a reingresar a la actora en su plantilla una vez concluido el periodo de excedencia voluntaria de que disfrutaba y tal negativa implica una resolución unilateral del contrato constitutiva de despido que, por injustificado, ha de ser calificado como improcedente, con todas las consecuencias a ello inherentes ".

3.-La empresa recurrente en casación unificadora centra exclusivamente su pretensión impugnatoria en que se deje sin efecto la condena al abono de salarios de tramitación, invocando como sentencia contradictoria la STS/IV 14-octubre-2005 (rcud 4006/2004). Como destaca el Ministerio Fiscal en su informe, existe contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada de contradicción. Aunque se trate de excedencia voluntaria concedida por empresas distintas y servicios prestados a entidades diferentes, lo que se debate es cual deba ser el régimen jurídico aplicable, al pago de salarios de tramitación cuanto la sentencia declara el despido improcedente de trabajadores que, en el momento del despido, estaban en situación de excedencia voluntaria. Y, a estos efectos, carece de relevancia cual sea el precepto de convenio colectivo que autorizó la excedencia, pues no se discute la procedencia de la excedencia sino la de la condena al pago de salarios de tramitación cuando se declara la improcedencia del despido, hallándose el trabajador en situación de excedencia voluntaria. Y, mientras la sentencia recurrida condena al pago de salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de la sentencia de suplicación en que por primera vez se declara la improcedencia del despido, en la de contraste se declara que, en estos supuestos, no procede la condena al pago de esa específica indemnización.

4.-Así pues, dada la divergencia señalada, procede entrar en el tratamiento y decisión del fondo de dicho recurso y a unificar las doctrinas contradictorias que mantienen las sentencias comparadas, dado que por la empleadora, a través de un único motivo, se denuncia como infringido el art. 56.1.b) del Estatuto de los Trabajadores (ET).

SEGUNDO.- 1.-Procede, en consecuencia que nos pronunciemos sobre la doctrina que resulte jurídicamente más adecuada con respecto al tema de los salarios de tramitación, en supuestos en los que el despido sea declarado improcedente de un trabajador que se hallaba en el momento de solicitar el reingreso en situación de excedencia voluntaria.

2.-Por esta Sala de casación en la sentencia invocada de contradicción (STS/IV 14-octubre-2005), se daba una respuesta negativa a la pretensión de abono de salarios de tramitación en el supuesto de despido improcedente de trabajador excedente " habida cuenta que el cese o despido del actor se produjo estando en excedencia y en esta situación no se devenga retribución ". Se afirmaba que " cuando el despido se produjo el actor se encontraba en excedencia, situación en la que no llevaba a cabo ninguna prestación efectiva de servicio, no recibiendo, por tanto remuneración de clase alguna, razón por la cual el cese o despido no puede colocarle en una situación más favorable o ventajosa que la propia de la excedencia en que se encontraba, por ello, de acuerdo con lo establecido en los artículos 56 del ET y  108 , 109 y  110 de la LPL , se ha de condenar a Iberia LAE a que, o bien reponga al demandante en la situación de excedente en la que se encontraba en su momento del cese, o bien le abone la indemnización reconocida en la sentencia cuyo montante no se ha discutido concediendo a la empresa el derecho de optar entre cualquiera de estas dos alternativas, lo que se llevara a efecto en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente sentencia, sin que proceda condenar al pago de salarios de tramitación, habida cuenta que el cese o despido del actor se produjo estando en excedencia y en esta situación no se devenga retribución ". La anterior doctrina, ya se había instaurado en la precedente STS/IV 26-junio-1998 (rcud 3044/1997), así como, además de en la de contraste, se reiteraba en las posteriores SSTS/IV 12-julio-2010 (rcud 3282/2009) y 3-mayo-2011 (rcud 3453/2010), argumentándose también, en esencia, que " la indemnización que supone la condena al pago de los salarios de tramitación satisface la privación de salario durante la tramitación de la causa, circunstancia que no concurre cuando el trabajador se hallaba en situación de excedencia ".

TERCERO.- 1.-En otro supuesto, no obstante, -- el enjuiciado en la STS/IV 12-marzo-2003 (rcud 2757/2002) --, la Sala confirmó la sentencia impugnada en la que se imponía el abono de salarios de tramitación en un despido declarado judicialmente como improcedente de un trabajador excedente derivado de " una posición terminante adoptada por la empresa negando de plano la conservación de la expectativa cualesquiera que puedan ser los acontecimientos o previsiones de futuro ", afirmándose, en la referida sentencia, que " A partir de ese momento no hay diferencia en cuanto a tales aspectos entre un trabajador excedente y otro que se encuentra en plantilla y de ahí que las consecuencias deban ser idénticas entre ambos " y que el modulo indemnizatorio tanto para la indemnización por extinción contractual como para los salarios de tramitación debía fijarse partiendo del salario percibido en la fecha del despido. Se razona, en esencia, que " En cuanto al ejercicio de una acción por despido originada en una relación laboral que se ha mantenido en suspenso hasta el momento en que la excedencia toca a su fin y que desemboca en una declaración de despido improcedente, pese a las peculiaridades que presenta una relación en la que se interrumpe la prestación de servicios, el pago de salarios y el cómputo de la antigüedad, lo cierto es que todas esas características se encierran en un paréntesis de la historia laboral del trabajador que finaliza al término de la excedencia y para el caso de que el mismo quiera reingresar. La conjunción de ambas circunstancias, que el trabajador quiera reingresar y que se den las condiciones para ello, hace que la relación cobre nueva vitalidad en dos fases, la primera dependiente de una condición, hasta que se haya materializado la expectativa nominada como derecho preferente a una vacante, etapa en la que el trabajador no genera derecho alguno en materia de salarios, prestación de servicios y antigüedad. La segunda a partir del momento en que dicha materialización se produce. A partir de ese momento no hay diferencia en cuanto a tales aspectos entre un trabajador excedente y otro que se encuentra en plantilla y de ahí que las consecuencias deban ser idénticas entre ambos. Es cierto que en las presentes actuaciones la declaración de despido improcedente no se produce a raíz de la materialización de una vacante sino de una posición terminante adoptada por la empresa negando de plano la conservación de la expectativa cualesquiera que puedan ser los acontecimientos o previsiones de futuro, lo que determina en el trabajador excedente una posición idéntica a la que ocupa el trabajador al que se deniega el reingreso existiendo una vacante actual, al menos en cuanto a los parámetros que servirán para modular el daño causado, que se origina desde el momento en que la empresa sustituye el devenir circunstancial por su propia autoridad y con un contenido negativo haciendo inoperante el artículo 46-5º del Estatuto de los Trabajadores . Deberá ser la retribución que a partir de ese momento debiera percibir y no la que rigiera en el pasado la que deberá servir para establecer el montante indemnizatorio, criterio que esta Sala ha aplicado en sentencias de 28 de octubre de 1998 (Rec. 008/599/1998 ) y de 26 de junio de 1998 (Rec. 008/3044/1997 ) ".

2.-Criterio análogo al sustentado en la anterior sentencia se ha aplicado también por esta Sala en recursos planteados contra autos dictados en procesos de ejecución de sentencia cuando existía condena a readmitir, -- derivara de la estimación de la acción de reingreso tras un período de excedencia o de la estimación de una acción tendente a la declaración de improcedencia del despido --, con obligación de abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la obligada readmisión a la fecha en que ésta tuviera lugar o se extinguiera la relación laboral y afectante a supuestos de excedencia voluntaria, y al resolverse si debían o no deducirse los posibles salarios percibidos por el trabajo en otra empresa durante el periodo coincidente con dichos salarios de tramitación. En ellas se aplicaba, por analogía, la doctrina de la Sala sobre salarios de tramitación en los procesos de despido, destacando su naturaleza indemnizatoria compensadora de los perjuicios sufridos bien desde la fecha del despido o bien desde la fecha en que se incumple la obligación de readmitir. Razonándose que " La Sentencia de esta Sala de 1 de Marzo de 2004 (Recurso 4846/02 ), citada a su vez en la de 5 de Mayo de 2004 (Recurso 1957/03 ), señala que los salarios de tramitación 'están concebidos como cantidad de dinero a percibir como reparación de la falta de ingresos del trabajador, durante la tramitación de un proceso que concluye con la declaración de improcedencia o nulidad de su despido. De aquí, que, si durante la citada tramitación, el trabajador ha conseguido ingresos por vía de empleo o colocación en otra empresa, el art. 56 ETautoriza el descuento correspondiente de esos salarios', razonándose asimismo, con cita de otras resoluciones anteriores, que 'la figura de los salarios de tramitación o salarios de trámite tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador uno de los perjuicios que para él se derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado para otra empresa en todo o parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la ’ratio legis', el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios de tramitación; y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al menos en la cuantía coincidente '" y concluyéndose que " Esta doctrina, aunque haya recaído en casos de despido, resulta plenamente aplicable a supuestos como el que aquí nos ocupa, al ser idéntica la 'ratio decidendi', pues tanto en los casos de despidos improcedentes o nulos como en aquéllos otros en los que -como aquí sucede- se condena a la empleadora a reintegrar a un empleado en un puesto de trabajo desde fecha anterior a aquélla en la que la sentencia recaiga, los salarios que se devenguen desde el día en el que el reintegro al puesto debió producirse y aquél otro en el que de manera efectiva tenga lugar la reincorporación, tienen la misma naturaleza indemnizatoria " (STS/IV 15-junio-2004 -rcud 3305/2003).

3.-Análogo criterio de equiparación de consecuencias en orden a los salarios tras la obligación de readmisión incumplida partiendo de la garantía de la indemnidad de la situación jurídica del trabajador, ya se había reflejado con anterioridad en la STS/IV 2-octubre-1992 (rcud 39/1992), también recaída en un recurso contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, en la que se argumentaba que " Evidentemente, el supuesto de autos no es análogo al del despido improcedente (artículo 56 ...), pero sí contiene la misma 'ratio decidendi' que la contemplada por el artículo 281: a) se está ante una decisión judicial que impone, ante una relación laboral que recobra plena efectividad (concluido el período de excedencia), una incondicionada obligación empresarial de reincorporar al trabajador a su propia actividad laboral; b) ni judicial ni legalmente se concede a la empresa una específica opción o una alternativa a dicha obligación; c) el obligado abono del salario, por razones de seguridad jurídica, de acatamiento a las decisiones judiciales y de efectividad de la tutela judicial, no enerva la obligación empresarial de readmitir, pero al mismo tiempo garantiza la indemnidad de la situación jurídica del trabajador. Es patente, pues, que la cuestionada decisión judicial de requerir a la empresa al pago de salarios (los devengados desde la firmeza de la sentencia que se ejecuta hasta la readmisión que había impuesto la sentencia) se halla dentro de las previsiones normativas sobre la ejecución de las sentencias ".

4.-La exigencia de la reparación del daño por la demora en la readmisión del trabajador excedente que había ejercitado la acción de reincorporación se proclama también en la STS/IV 10-junio-2009 (rcud 1333/2008), si bien distinguiéndola de la acción de reclamación de salarios en un recurso de casación relativo a la determinación de la determinación del momento inicial a efectos de la prescripción de la acción ejercitada.

CUARTO.- 1.-Los diversos criterios contenidos en las sentencias de casación unificadora referidas, obligan, por razones de seguridad jurídica acordes con la finalidad de este recurso, a que por esta Sala se concrete la doctrina que entienda jurídicamente como más correcta.

2.-Asumiendo esencialmente los razonamientos contenidos en nuestras resoluciones en las que, -- ya sea referidas directamente a salarios de tramitación derivados de la declaración judicial de despido improcedente de un trabajador excedente (STS/IV 12-marzo-2003 -rcud 2757/2002) o recaídas en procesos derivados del ejercicio de la acción tendente al reingreso del trabajador excedente cuya obligación de readmisión incumple la empresa (entre otras, SSTS/IV 2-octubre-1992 -rcud 39/1992 , 15-junio-2004 -rcud 3305/2003 y 10-junio-2009 -rcud 1333/2008) --, se llega a la conclusión de que si bien durante el periodo durante el que el trabajador permanece en situación de excedencia voluntaria no tiene derecho a salarios pero que, cuando la empresa incumple con la obligación de readmisión, la consecuencia es la de que la situación del trabajador excedente no readmitido injustamente desde la fecha en que debería haberse cumplido la obligación de readmitir es análoga a la del trabajador injustamente despedido a partir de la fecha del despido, con obligación indemnizatoria de perjuicios en ambos casos (bajo la forma de salarios de tramitación o de indemnización compensatoria), la Sala entiende que, -- rectificando la doctrina últimamente sustentada (contenida, entre otras, en las citadas SSTS/IV 26-junio-1998 -rcud 3044/1997 , 14-octubre-2005 -rcud 4006/2004 , 12- julio-2010 -rcud 3282/2009 y 3-mayo-2011 -rcud 3453/2010) --, debe fijarse como doctrina unificada que la declaración judicial de improcedencia del despido de un trabajador en situación de excedencia voluntaria por negativa, expresa o tácita, empresarial al reingreso conlleva el abono de salarios de tramitación desde la fecha en que se fije como la del despido y en aplicación de las normas generales sobre nulidad o improcedencia del despido.

Fuente: Diario La Ley, Nº 7796, Sección La Sentencia del día, 13 Feb. 2012, Año XXXIII, Editorial LA LEY 259322/2011

 

 

Despido disciplinario de un trabajador que creó un perfil falso en Facebook

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El Juzgado de lo Social N° 1 de Cartagena, Sentencia de 6 Julio 2011, establece, el Despido disciplinario de un trabajador que creó un perfil falso en Facebook suplantando la identidad del gerente de la empresa con el ánimo de injuriarle
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LPvfLWzs7O/d+/BvQf7v/Ayr5uiWn62t7O7u/Ng51N8UJxfP62mb65X+Wdtvc7/H2QGx600AAAAWKE

 
 

Condena al demandado a pagar las horas extras que la empresa demandante tuvo que abonar a sus empleados para cubrir la baja de uno de ellos debido a la agresión del demandado

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La Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 3ª, Sentencia de 1 Sep. 2011, rec. 86/2011, declara:

Indemnización por los perjuicios ocasionados a la mercantil demandante como consecuencia de la baja laboral de uno sus trabajadores, motivada por las lesiones causadas por la agresión llevada a cabo por el demandado. Estimación parcial de la demanda. Procede la condena al pago del coste que supuso para la empresa las horas extraordinarias del resto de la plantilla para cubrir la ausencia del lesionado. No procede, en cambio, la condena al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social que hubo de soportar la empresa durante el periodo de baja del trabajador. Aun cuando el trabajador no hubiera causado baja por incapacidad temporal, el empresario habría tenido igualmente que pagar las correspondientes cotizaciones.

La AP Badajoz revoca en parte la sentencia de instancia reduciendo la indemnización a cargo del demandado por los perjuicios causados a la entidad demandante, derivados de la baja de uno de sus trabajadores a causa de una agresión del demandado.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. La sentencia apelada estima la demanda presentada por la mercantil Industrias Gráficas IGRAEX, S.L., en la que reclama al demandado Sr. Obdulio indemnización por los perjuicios que, según afirma, se le ocasionaron como consecuencia de la baja laboral de su trabajador Don Carlos Jesús , baja que estuvo motivada por las lesiones que siguieron a una agresión por parte del demandado -condenado por tal hecho como autor de un delito de lesiones en sentencia del Juzgado de lo Penal de Don Benito de fecha 20 de mayo de 2009 -

La indemnización se pide, y así se concede en la sentencia, por dos conceptos: 1353,64 euros, por el importe de las cotizaciones a la seguridad social que hubo de soportar la empresa durante el periodo de baja del trabajador, y 3.077,61 euros correspondientes al coste compensar horas extraordinarias del resto de la plantilla -para cubrir la ausencia de Don Carlos Jesús - por días de descanso.

SEGUNDO. En el primero de los motivos del recurso se aduce, como ya hiciera el demandado en la primera instancia, la falta de legitimación activa de la entidad demandante para reclamar, víaart. 1902 del C. Civil , las cantidades y los conceptos por los que lo hace. En realidad, lo que sostiene el apelante en este primer motivo no es propiamente una ausencia de legitimación para plantear la demanda -legitimación ad procesum- sino más bien se pone en duda la cualidad de perjudicada de la empresa actora pues, a su entender, no se darían los requisitos exigidos por el art. 1902 del C. Civil para que nazca la obligación de indemnizar; concretamente, se afirma en el recurso que no existe relación causa efecto entre el hecho supuestamente generador de responsabilidad -la agresión a su trabajador y su consiguiente baja laboral- y los perjuicios cuya indemnización se pide, y ello porque, sigue diciendo el recurrente, la empresa ha soportados los costes de seguridad social por ser "colaboradora de la Seguridad Social, asumiendo obligaciones que le corresponden a ésta" y, además, habría abonado las cotizaciones como consecuencia de obligaciones asumidas en los contratos de trabajo.

Pues bien, este primer argumento sería aplicable a la reclamación por cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al trabajador lesionado durante su periodo de baja laboral por la incapacidad temporal, compartiéndose este punto la interpretación de la apelante en cuanto a que el art. 127 de la Ley General de la Seguridad Social limita la posibilidad de reclamación, por parte del empresario y las entidades que menciona tal precepto, al coste de las prestaciones sanitarias y no otras. Por tanto, ha de excluirse de la indemnización solicitada el importe de las cotizaciones a la seguridad social durante el tiempo en que permaneció de baja el trabajador (1.353,64 euros); en cualquier caso, la exclusión de tales cotizaciones, como señala la más reciente jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, está igualmente justificada porque, aun cuando el trabajador no hubiera causado baja por incapacidad temporal, el empresario habría tenido igualmente que pagar las correspondientes cotizaciones, de modo que, en este concreto aspecto, no hay relación causa-efecto entre el hecho ilícito y el pago de las cotizaciones en cuestión.

TERCERO. Otra cosa es el coste adicional que supuso para la actora el tener que suplir o sustituir al trabajador lesionado, sustitución que hubo de hacerse para poder mantener el ritmo de trabajo y poder así cumplir en tiempo los compromisos que tuviera la empresa (destacaremos aquí que se trata de una empresa dedicada a la publicidad y era o estaba próxima la campaña de navidad); estos costes adicionales no habrían tenido que ser soportados por la mercantil demandante si el trabajador lesionado hubiera podido estar ocupando su puesto de trabajo y desarrollando con normalidad su actividad laboral. Y la indemnización que se pretende por este concepto no tiene nada que ver con aquellas prestaciones a que se refiere el apelante cuanto razona acerca de la incorrecta aplicación del art. 127 de la LGSS; se trata de perjuicios derivados, como decíamos, de la necesidad de suplir la ausencia del trabajador -ausencia que tuvo su origen en un hecho ilícito generador de responsabilidad- que, en este caso, en lugar de hacerse con la contratación de uno nuevo, se llevó a cabo mediante la realización de una serie de horas extraordinarias por parte del resto del personal de la empresa, que, a través de su Delegado de Personal, acordó con la entidad actora que tales horas extraordinarias serían compensadas por tiempo de descanso.

La realidad de esas horas y el coste que supuso para la demandante, así como su relación causa-efecto con el hecho de la baja laboral de Don Carlos Jesús , son discutidas por la apelante alegando un pretendido error en la valoración de la prueba, error que en modo alguno se aprecia en la alzada. Así, la relación de causalidad está expresada en el documento que recoge el acuerdo entre empresa y Delegado de Personal de fecha 21 de agosto de 2006, al día siguiente de ocurrir los hechos que dieron lugar a la baja laboral, de manera que no parece que tal documento haya sido confeccionado para preparar de algún modo prueba sobre esta cuestión; en él se dice precisamente que, dada la tan repetida baja laboral de Don Carlos Jesús , y "debiendo trabajar en la campaña de Navidad, en la que se concentra una mayor actividad, los trabajadores se comprometen a realizar las horas extraordinarias necesarias para sacar adelante la producción y contratos ya suscritos"; se recoge a continuación el sistema de compensación de esas horas extraordinarias por tiempo de descanso. El número de horas está probado a través del informe pericial aportado con la demanda, y los documentos que aportó la demandante en el acto de la vista y obrantes a los folios 100 a 109 de los autos, constando además, las testificales del Delegado de Personal y la Graduado Social que elaboró el informe de los costes que hubo de soportar la empresa. En este punto, por tanto, el recurso se desestima.

CUARTO. Conforme a lo expuesto, el recurso ha de estimarse en parte, quedando limitada la condena a la suma de 3.077,61 euros, más los intereses señalados en la sentencia apelada, sin que proceda la imposición de las costas de primera instancia a ninguna de las partes, por aplicación de lo dispuesto en el art. 394 de la L.E.C.

Tampoco las costas del recurso, dada su parcial estimación, se impondrán a ninguno de los litigantes (art. 398 de la L.E.C .).

VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación

 

Fuente: Diario La Ley, Nº 7749, Sección La Sentencia del día, 2 Dic. 2011, Año XXXII, Editorial LA LEY

 

 


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