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El derecho del trabajador a percibir indemnización por despido objetivo

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El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Social, (Sentencia de 26 Feb. 2010) ha declarado el derecho del trabajador a percibir indemnización por despido objetivo, en base a los siguientes  Fundamentos de Derecho:

PRIMERO.- La sentencia de instancia que estima en parte la demanda formulada por Don xxxx y condena a la empresa demandada, XXI S.L., a abonarle la cantidad total de 8.914,4 euros, 3.074,84 euros por salarios pendientes y liquidación y 5.839,56 euros en concepto de 60% de la indemnización por despido objetivo en empresa de menos de 25 trabajadores asumiendo el Fondo de Garantía Salarial su responsabilidad subsidiaria, es recurrida en suplicación por la representación letrada del actor interesando el examen del derecho aplicado.

Al amparo del artículo 191 c) LPL denuncia el recurrente infracción del artículo 53.1 ET. Considera en síntesis que la empresa viene obligada a abonar el 100% de la indemnización correspondiente independientemente de que la plantilla sea inferior a 25 trabajadores pues la indemnización que viene obligado a abonar el Fondo de Garantía Salarial -40%- está limitada al triplo del salario mínimo interprofesional.

La denuncia debe prosperar, ya que el artículo 33.8 ET establece que en las empresas de menos de 25 trabajadores el Fondo de Garantía Salarial abonará el 40% de la indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido como consecuencia del expediente instruido en aplicación del artículo 51 y 52 c) ET , tal y como acaece en el supuesto de autos; pero dicho descuento no podrá efectuarse de manera lineal sin tener en cuenta los propios límites que establecen los apartados 1 y 2 del propio artículo 33 ET , en los que se determina que el Fondo de Garantía Salarial responde de las deudas de salario de empresas declaradas en situación de insolvencia "sin que pueda abonar [...] un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el duplo del salario mínimo interprofesional diario por el número de días da salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días"; esto es, el propio artículo reseñado añade un segundo parámetro delimitador de la cantidad a abonar por el propio organismo administrativo, lo que impide un descuento anterior de la misma por el empresario, pues sobre el porcentaje a abonar de la deuda salarial por el Fondo de Garantía Salarial se une el límite cuantitativo de su cálculo (el doble del salario mínimo interprofesional), de lo que puede resultar que en supuestos como el presente exista una cantidad que no pudiendo ser abonada por dicho organismo en base a esa doble delimitación, el 60% de responsabilidad empresarial no cubra la totalidad de la deuda restante.

Así las cosas, la Juzgadora ha aplicado una reducción de la cantidad a abonar por el empresario deudor sin tener en cuenta el doble límite a que el Fondo de Garantía Salarial se encuentra limitado respecto lo restante, en concreto, quedaría una parte de indemnización mínima legal que no quedaría cubierta ni por la empresa ni por el este último, lo que en aplicación de la normativa reseñada en inadmisible. Por ello, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 31 de Octubre de 1.996 , citada en el recurso ha declarado que "la cuantía indemnizatoria señalada en el artículo 51.10 del Estatuto de los Trabajadores constituye una regla mínima de carácter legal, y lo que procede -en aplicación de los números 8 y 2 del artículo 33 del mismo- no es calcular en primer lugar el sesenta por ciento de tal indemnización legal e imputar el cuarenta por ciento sin limitación alguna al FOGASA, sino calcular en primer lugar dicho cuarenta por ciento, pero con las limitaciones previstas en la ley, que es de lo que queda liberada la empresa, que debe satisfacer la diferencia resultante de restar la cuantía de dicho limitado porcentaje del total de la indemnización, pues en caso contrario el trabajador no percibiría la totalidad de la indemnización legal a que tiene derecho". En este sentido de interpretación, la empresa viene obligada al abono de la indemnización en su totalidad, de la que procede detraer la cantidad que satisfaga el Fondo de Garantía Salarial, con los límites legales correspondientes, de tal forma que la empresa ha de satisfacer la diferencia entre lo que paga dicho organismo y el total de la indemnización, sin quedar, por ende, cantidad alguna sin satisfacer. Procede, por tanto en este punto aceptar el recurso de suplicación presentado y revocar de la sentencia de instancia en los términos referidos.

SEGUNDO.- No cabe decir lo mismo, sin embargo, del segundo motivo en el que se denuncia infracción del artículo 33.8 ET en relación con el 19.3 del Real Decreto 505/1985 , de Organización y Funcionamiento del FOGASA y la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo que cita. Señala el recurrente que aun cuando por resolución administrativa se desestimó la petición del pago del 40% al apreciarse fraude empresarial en el cese del trabajador, la sentencia debía haber condenado al Fondo de Garantía Salarial a su abono al establecer claramente la ausencia de cualquier tipo de responsabilidad y el fraude empresarial no puede perjudicar al trabajador que es ajeno a ello.

Aún cuando pueda entenderse que ambas reclamaciones, la dirigida contra la empresa y la relativa al Fondo de Garantía Salarial tienen la misma causa de pedir es lo cierto que mientra que en una se ventila la responsabilidad directa de la empresa y la subsidiaria de dicho organismo en relación con el 60% de la indemnización derivada de la extinción del contrato de trabajo, en la segunda se enjuicia la responsabilidad directa de este último por el 40% de dicha indemnización de manera que el título no es el mismo como tampoco es el mismo el deudor en cada una de las reclamaciones. Pero es que además en la demanda origen de las presentes actuaciones se solicita la condena de la empresa al total adeudado por salarios e indemnización, ampliándose posteriormente contra el Fondo de Garantía Salarial por razón de la responsabilidad subsidiaria de dicho organismo, de donde resulta que lo que aquí se solicita no fue planteado en la instancia como del fundamento de derecho primero así resulta y que por tanto, es una cuestión nueva cuyo conocimiento está vedado a esta Sala. Que es cuestión nueva lo demuestra la propia actuación de la parte que no interesa la nulidad de actuaciones, que es lo que procedería al haber quedado imprejuzgada tal cuestión sino un pronunciamiento sobre la misma por el cauce procedimental del artículo 191 c) LPL.

El alto Tribunal estimó el Recurso declarando el derecho del demandante a percibir en concepto de indemnización por extinción de su relación laboral por despido objetivo, el 60% de dicha indemnización incrementada con la cantidad que por exceder del doble del salario mínimo interprofesional no abone el Fondo de Garantía Salarial.

Actualizado ( Martes, 14 de Junio de 2011 03:42 )  

 


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